En el mes de abril de 2024 se publicó el Informe que The National Health Service (NHS) inglés encargó a la Dra. Hilary Cass, titulado “Independent review of gender identity services for children and Young people”. Se trata de un extenso trabajo de revisión (de casi 400 páginas) en el que se ofrecen recomendaciones de cómo mejorar los servicios de identidad de género y garantizar que los niños y jóvenes que cuestionan su identidad de género tengan la mejor asistencia posible. El citado informe pone de relieve los muchos errores de las estrategias seguidas hasta el momento, por la mayoría de países (incluida España), con los tratamientos de reasignación de género en menores.
Son muchas las cuestiones, aportadas por el denominado informe Cass, que llevan a pensar que es necesario un replanteamiento de los protocolos basados en los tratamientos afirmativos, aquellos dirigidos a medicalizar, sin pérdida de tiempo, con bloqueadores de la pubertad y/o hormonas cruzadas a los menores que perciben o manifiestan una incongruencia de género. No hay que olvidar que la opción del tratamiento afirmativo es la estrategia adoptada por los responsables españoles de las políticas sanitarias y de género.
A continuación, vamos a exponer algunas de las aportaciones del informe al que se está haciendo referencia que, por su relevancia y repercusión, exigen de una reflexión por parte de las autoridades que tienen competencia en la materia.
En primer lugar, el informe destaca que la exploración de la identidad es un proceso completamente natural durante la infancia y la adolescencia que, por otra parte, raramente requiere de aportaciones clínicas. De ahí, que cuando se observa un creciente aumento de menores que solicitan una intervención de reasignación de género, antes de actuar se deba realizar una reflexión sobre las causas que generan el incremento de menores con incongruencia de género. Más aún cuando este aumento de casos conlleva una inversión en la proporción del sexo que solicita la reasignación de género. Así, en pocos años se ha pasado de tres cuartas partes de personas de sexo masculino que se sentían del sexo femenino, a tres cuartas partes de personas de sexo femenino que se sentían del sexo masculino. Los dos hechos que se acaban de describir no han sido justificados, algo que ya se puso en evidencia en la demanda que en el año 2020 interpuso Keira Bell a Tavistock and Portman, organismo que gestionaba los servicios de cambio de identidad de género para menores en el Reino Unido.
La segunda cuestión que aborda el informe es el de la falta de evidencia de los protocolos y de los tratamientos implantados por los sistemas sanitarios de los países desarrollados. Protocolos y tratamientos que han sido avalados por trabajos sin la suficiente consistencia científica. En este sentido, en el informe Cass se hace alusión a que “las revisiones sistemáticas de evidencia demostraron la mala calidad de los estudios publicados” (…) “las fortalezas y debilidades de la evidencia sobre el cuidado de niños y jóvenes a menudo se tergiversan y exageran”. Sin ir más lejos, las directrices de the World Professional Association for Transgender Health (WPATH), ampliamente citadas y que constituyen uno de los pilares en los que se ha asentado la mayoría de las legislaciones que afectan a las personas trans, no están basadas en la revisión sistemática de la evidencia. En palabras de Cass, las guías de la WPATH “carecen de rigor y transparencia”.
La falta de evidencia en los protocolos, tratamientos y disposiciones que afectan a la transición de género tiene dos vertientes:
- Por una parte, la inseguridad sobre si los tratamientos farmacológicos son la mejor estrategia para solucionar la disforia de género del menor. Una inseguridad generada por la falta de evidencia que sustenta la elección de esos tratamientos, por la constante dificultad para evaluar otras alternativas, y por la urgente necesidad de comenzar cuanto antes con los tratamientos. En este sentido, Cass señala, en referencia a los bloqueadores de la pubertad, el primer tratamiento que se administra a los menores con incongruencia de género, que “necesitamos acabar de alguna manera con la creencia absoluta de que, si no se toman los bloqueadores de la pubertad, todo está perdido y que se están cayendo por el borde del precipicio. Necesitamos quitarle la urgencia”.
- Por otra parte, la incertidumbre sobre los efectos que esos tratamientos tendrán, a medio y largo plazo, para los jóvenes (satisfacción corporal, resultados psicosociales y cognitivos, síndromes premenopáusicos, crecimiento, fertilidad, salud ósea, efectos cardiometabólicos, etc.), aspectos estos que, antes del informe Cass, ya eran puestos de manifiesto en distintos trabajos, aunque sin recibir la atención de los estamentos con capacidad de regular en la materia. A la falta de evidencia en los protocolos y tratamientos hay que sumar el problema de la imposibilidad de los médicos para determinar con certeza que niños y jóvenes tendrán una identidad trans duradera, ya que no hay ningún medio de diagnóstico que confirme que un menor es una persona transexual.
Con las anteriores premisas, el informe Cass considera que antes de cualquier intervención hay que indagar en los problemas biológicos, psicológicos y sociales que pueden estar condicionando al joven con incongruencia de género. La anterior consideración también es discrepante con los postulados oficiales que intentan alejar al menor de cualquier opinión psicológica o psiquiátrica. Por cierto, terapia psicológica que no está orientada a hacer cambiar la opinión de las personas sobre su género, sino que “se trata de lograr que los jóvenes alcancen el estado más sólido de salud mental para pasar por la transición médica, si eso es lo que quieren. Es importante que no tomen esas decisiones en un estado de angustia mental”. Por otra parte, Cass también asegura que hay jóvenes que hubieran “deseado haber sabido cuando eran más jóvenes que hay muchas más formas de ser trans que seguir un camino médico binario transgénero”.
A partir de las anteriores apreciaciones (como ya se ha indicado anteriormente, muy bien asentadas en revisiones sistemáticas independientes de la evidencia existente y en nuevas investigaciones cualitativas y cuantitativas) se aportan una serie de recomendaciones, entre las que cabe destacar:
- La necesidad de una evidencia en los trabajos que sustenten los protocolos y tratamientos de menores con incongruencia de género.
- El convencimiento de que los bloqueadores de la pubertad deberían estar disponibles sólo bajo un protocolo de investigación.
- La precaución en la prescripción de hormonas masculinizantes o feminizantes a partir de los 16 años y la justificación clara para no esperar hasta los 18 años.
- La conveniencia de adoptar un enfoque distinto en la atención sanitaria, en el que se considere al joven de una manera integral.
- El requerimiento de pruebas de detección de afecciones del desarrollo neurológico, incluido el trastorno del espectro autista, y una evaluación de la salud mental.
- La necesidad de entender que hay muchas maneras de ser trans.
- La exigencia de disposiciones para las personas que estén considerando la detransición.
- La necesidad de que la cuestión transgénero deje de ser un “ámbito altamente emotivo y politizado” y pase a ser un espacio centrado en el bien de la persona trans.
No hay duda de que el denominado informe Cass va a cuestionar las políticas de reasignación de género de algunos países y, al mismo tiempo, va a servir para reafirmar los cambios de estrategia en las políticas de reasignación de género que ya comenzaron años antes en el Reino Unido, Suecia, Finlandia o Noruega. Sería muy deseable que, en beneficio de los menores con incongruencia de género, las autoridades españolas también tuvieran a bien escuchar las recomendaciones del informe que ha sido objeto de este trabajo.
José López Guzmán