Hay personas que entran en una farmacia buscando un medicamento y, sin saberlo, están pidiendo ayuda y no siempre lo hacen con palabras. A veces lo hacen con una receta que llevan semanas sin retirar, con una mirada perdida, con la misma pregunta repetida varias veces o con una confesión aparentemente trivial como “este mes no puedo llevarme (comprar) todo lo que me han recetado”.
Es ahí donde aparece una de las dimensiones menos visibles, pero más valiosas, de la farmacia comunitaria, que es su capacidad para detectar situaciones de vulnerabilidad. Porque el farmacéutico no es únicamente el profesional que dispensa un medicamento, sino que es, con frecuencia, el sanitario más próximo, accesible y presente en la vida cotidiana de muchas personas.
La Asociación Española de Farmacia Social (AEFAS) reivindica precisamente esa dimensión asistencial y social de la profesión. Una farmacia que entiende al paciente no solo como alguien que necesita un tratamiento, sino como una persona que puede estar atravesando circunstancias familiares, económicas, psicológicas o sociales que condicionan directamente su salud.
Pensemos en un paciente de 86 años que acude cada semana a su farmacia y que durante años ha seguido correctamente su tratamiento para la hipertensión, pero comienza a dejar de retirar alguno de sus medicamentos. El farmacéutico detecta el cambio, conversa con él y descubre que vive solo, que empieza a olvidar algunas tomas y que tiene dificultades para organizar su medicación. Esta conversación no sustituye al médico ni a los servicios sociales, pero permite detectar una situación que quizá, sin esa cercanía, habría permanecido invisible durante meses.
Algo parecido ocurre con quien no puede permitirse su tratamiento, la denominada pobreza farmacéutica, que no siempre se presenta de manera evidente. Puede esconderse detrás de un paciente que solicita solo parte de su medicación, que pregunta reiteradamente por el precio de un producto o que intenta espaciar las dosis para que el tratamiento dure más. No estamos ante un problema de falta de responsabilidad, sino ante una situación de vulnerabilidad económica que puede terminar convirtiéndose en un problema de salud importante e irreversible.
La farmacia es también un lugar donde pueden aparecer las primeras señales de problemas de salud mental. Una persona que manifiesta una ansiedad creciente, un paciente que solicita reiteradamente determinados productos para dormir o alguien que, sencillamente, necesita ser escuchado puede encontrar en el farmacéutico una primera asistencia profesional. Su función no consiste en diagnosticar aquello que corresponde a otros especialistas, sino en escuchar, orientar, detectar señales de alarma y, cuando es necesario, facilitar y orientar la derivación adecuada.
La misma realidad se extiende no solo a las personas mayores que viven solas, sino también a quienes presentan deterioro cognitivo, a pacientes dependientes, a personas sin hogar o a quienes sufren situaciones de violencia o exclusión social. En todos estos casos, el farmacéutico puede convertirse en un observador privilegiado, no porque deba asumir funciones que corresponden a médicos, psicólogos o trabajadores sociales, sino porque su contacto frecuente con el ciudadano le permite advertir cambios que otros profesionales quizá no tengan oportunidad de observar.
Desde la Criminología también puede entenderse esta función preventiva de la farmacia. La detección temprana de determinadas conductas o cambios en el comportamiento puede resultar relevante ante situaciones de violencia, abuso, maltrato, explotación o especial vulnerabilidad. El farmacéutico no es un investigador de estas conductas ni debe asumir competencias que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a los servicios especializados, pero sí puede constituir un primer punto de observación y alerta. Su contacto continuado con el paciente le permite identificar cambios que, bien interpretados y comunicados, pueden contribuir a prevenir daños mayores. Por eso, farmacia, servicios sanitarios, sociales y profesionales de la Criminología comparten como principio que la prevención comienza muchas veces antes de que aparezca el delito o la consecuencia más grave.
Esta posición exige una farmacia cada vez más asistencial, pero también una formación que incorpore comunicación, empatía, bioética, prevención y conocimiento de los determinantes sociales de la salud. Porque una enfermedad no siempre puede entenderse al margen de la vivienda, los recursos económicos, la soledad, la dependencia o el entorno familiar del paciente. Por eso, cuando hablamos de modernizar la farmacia, no debemos pensar únicamente en digitalización, automatización o nuevos servicios, también significa humanizar. Significa disponer de tiempo, formación y herramientas para preguntar al paciente cómo está, detectar cuándo algo ha cambiado y saber cuándo es necesario activar otros recursos.
Quizá ha llegado el momento de ampliar nuestra manera de definir la oficina de farmacia, que no es únicamente el lugar donde se dispensan medicamentos, sino que es también uno de los pocos espacios sanitarios donde cualquier ciudadano puede entrar sin cita previa, ser reconocido por su nombre y encontrar a un profesional que conoce parte de su historia.
El farmacéutico puede ser ese radar social que detecta lo que el sistema no siempre alcanza a ver. Y detrás de cada señal hay una persona, alguien que puede estar enfermo, sólo, preocupado, empobrecido o simplemente necesitado de que alguien le pregunte qué le ocurre.
La farmacia social empieza precisamente ahí, cuando detrás de una receta se es capaz de ver la historia de la persona que la necesita.
Eradio Ezpeleta Iturralde
Socio de AEFAS
Criminólogo